Retención de Devolución de Impuestos por Crédito Universitario. Prescripción de Crédito Fiscal. Prescripción de Crédito Solidario Universitario.

CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN (Rol 80-2005)

Retención de Devolución de Impuestos por Crédito Universitario. Prescripción de Crédito Fiscal. Prescripción de Crédito Solidario Universitario. Continuidad de Crédito Fiscal Universitario como Crédito Universitario Solidario • 12/07/2005 

La retención de impuestos efectuada por la Tesorería Provincial, a petición de la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Universitario, para el pago de crédito universitario adeudado no adolece de ilegalidad ni menos de arbitrariedad (Considerando Décimo, Corte de Apelaciones de Chillán). Por la vía del recurso de protección no es dable alegar la prescripción. Sin perjuicio de que el crédito universitario tenía un plazo de gracia de dos años después de haber dejado el deudor de ser alumno regular de la Universidad de Concepción, por lo que el crédito que debía ser pagado en doce cuotas anuales aún no ha prescrito (Considerando Undécimo, Corte de Apelaciones de Chillán).

TEXTO COMPLETO:

Chillán, doce de julio de dos mil cinco.

Vistos y teniendo presente:

A fojas 5 comparece doña Paulina Fuentes Guíñez, médico cirujano, domiciliada en calle Libertad Nº 431 de Chillán, recurriendo de protección en contra de la Tesorería Provincial de Chillán, representada por don Marcos Becerra, ignora segundo apellido y profesión u oficio o quien lo reemplace, ambos domiciliados en calle Libertad s/n, Edificios Públicos de la ciudad de Chillán y el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción, representado por doña Liliana Muñoz Cerda, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en edificio Virginio Gómez, primer piso ciudad universitaria de la Universidad de Concepción, ciudad de Concepción y el Congreso Nacional, representado por el señor presidente del senado don Sergio Romero, ambos domiciliados en calle avenida Puerto Montt sin número de Valparaíso. Señala que en el cumplimiento de sus obligaciones como contribuyente presentó el 18 de abril de 2005 al Servicio de Impuestos Internos su declaración y solicitud de devolución de impuestos mediante formulario número 79050555. El 16 de mayo de 2005 dicho servicio da por aprobada su declaración y ordena la devolución a su favor de $ 1.335.928, con fecha 20 de mayo de 2005 el Servicio de Tesorería procede a retener la suma de $ 1.345.297. Dicha retención aparentemente se produjo por concepto de deudas por crédito universitario, amparándose en la ley 19.989, además, del hecho de la retención por parte del servicio de tesorería, que constituye el hecho arbitrario, ilegal e inconstitucional, es importante desde ya dejar establecido tres hechos fundamentales: No es deudora de ningún crédito universitario, ni menos aún del fondo solidario del crédito universitario. No existe ni ha existido ningún juicio ordinario o ejecutivo en su contra, destinado a efectuar el cobro de las sumas retenidas, o a declarar que sobre ella pesa la obligación de pago por concepto de deuda universitaria. Y habiendo terminado sus estudios en el año 1993, por lo que nunca solicitó préstamo al fondo solidario de crédito universitario que fue creado sólo a partir del año 1994 mediante la dictación de la “ley 19.287″ de 4 de febrero de 1994.

Agrega que la actuación ilegal por parte de Tesorería Provincial de Chillán, por practicar retención de dineros de su propiedad, sin justificación alguna, la actuación del fondo solidario por informar la retención respecto de quien no se encuentra en el supuesto de la ley 19.989 y la actuación inconstitucional del legislador por ordenar la retención de sumas de propiedad del afectado sin existir juicio que declare su obligación de pago. Por último solicita tener por deducido el recurso de protección en contra de las instituciones y personas recurridas nombradas y en definitiva declarar: 1º. Todas las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho para asegurar la debida protección de los derechos constitucionales de su persona. 2º. Que la recurrida Tesorería Provincial de Chillán, debe dejar sin efecto la retención de dinero por concepto de devolución de Impuesto a la Renta y entregar dichas sumas a ella. 3º. Que el recurrido Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción, debe dejar sin efecto la solicitud al servicio de Tesorería de retención de sumas de dinero de su propiedad y 4º. Se condene en costas a los recurridos en caso de existir oposición.

De fojas 1 a 4 acompaña documentos en que funda su acción y que singulariza en el primer otrosí de su presentación de fojas 5.

A fojas 10 informando el recurso don Mario Antonio Becerra Rojas, Tesorero Provincial de Ñuble, señala que, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 20 de la ley 19.287, para todos los efectos legales, los fondos solidarios de créditos universitario y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores y, en consecuencia, que toda referencia que se haga a ello, se entenderá hecho, por el solo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de crédito universitario. Agrega que el artículo 1º, inciso 1º, de la ley 19.989, de 31 de diciembre de 2004, facultó a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de Impuestos a la Renta que correspondiere a los deudores de crédito universitario regulado por la ley 19.287 y sus modificaciones, los montos de dichos créditos que se encontraren impagos, según lo informado por la entidad acreedora, imputándose dicho monto al pago de la mencionada deuda. Asimismo añade, que el artículo 2º de la Ley en comento, incorporó un inciso final al artículo 12 de la ley 19.848, artículos que establecen una excepción al principio del secreto tributario para los efectos de determinar los ingresos de los deudores de crédito universitario, señalando que “son considerados deudores de los créditos solidarios, todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nº 18.591, Nº 19.287 y Nº 19.848″, esta precisión es de alcance general y debe concordarse con el artículo 20 de la ley 18.591. Finalmente expresa que es requisito indispensable para que el Servicio de Tesorería proceda a efectuar tales retenciones, que la entidad acreedora informe acerca de los montos impagos, siendo responsabilidad exclusiva de tal entidad, la veracidad, exactitud y actualización de la información proporcionada, de manera que el recurso debe ser rechazado, habida consideración a que la prescripción opuesta no puede ser acogida, en atención, a que ella debe ser alegada y no existe sentencia judicial que declara dicha prescripción extintiva de las obligaciones que la propia recurrente reconoce haber contraído, o al menos no se encuentra acompañada al recurso, de manera que su argumento se desarrolla en el ámbito de la mera especulación. De todo lo relacionado, sólo cabe concluir que la actuación del Servicio de Tesorería se encuentra en todo ajustada a derecho, ha sido absolutamente racional y, por consiguiente, no ha vulnerado ninguna garantía constitucional de la recurrente y solicita finalmente rechazar el recurso, con expresa condenación en costas.

A fojas 18 se trajeron los autos en relación.

A fojas 19 informando el recurso don Javier Troncoso Falgerete, abogado, domiciliado en edificio Virginio Gómez, 4º piso, Barrio Universitario Concepción, a nombre y en representación de doña Liliana Muñoz Cerda, abogado, administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción, de su mismo domiciliado. Solicita desde ya su absoluto rechazo basándose en los argumentos que expresa. Añade que la recurrente, estudió en la Universidad de Concepción la carrera de medicina con crédito fiscal universitario el año 1986; y desde el año 1997 hasta 1993 lo hizo con crédito universitario, suscribiendo los respectivos pagarés, que lo primero que debe dejarse establecido es que la recurrente con ocasión de sus estudios universitarios incurrió en una deuda de crédito fiscal universitario y de crédito universitario a favor de la Universidad de Concepción. Expresa que la recurrente afirma que ella no sería deudora porque habría operado la prescripción extintiva respecto de sus obligaciones con el fondo de crédito fiscal universitario y crédito universitario y su deuda se habría hecho exigible en 1997, esto es, 2 años después de haber egresado de su carrera, lo que aconteció en 1994, y que por lo tanto habrían transcurrido con creces los 5 años que se exige para dar lugar a la prescripción extintiva, sobre este punto es posible afirmar de manera categórica que la deuda de la recurrente no se encuentra prescrita. Añade, además, en consecuencia cualquier deudor del crédito universitario a partir de la dictación de la ley Nº 19.287 pasó a ser deudor del crédito solidario, ya que todas las obligaciones que existían a favor del fondo de crédito universitario pasaron a ser del fondo solidario. Finalmente, señala, que no existe acto ilegal o arbitrario que pueda justificar la interposición del recurso, ya que su representada lo que ha hecho es aplicar una ley vigente para cautelar sus intereses y cumplir con su objeto estatuario y que en mérito de lo expuesto, solicita rechazar el recurso de protección interpuesto por la recurrente en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Con lo relacionado y considerando:

1º. Que la acción cautelar deducida no tiene otra finalidad que mantener el statu quo en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, impidiendo, de este modo, las situaciones de facto que alteren el orden jurídico establecido y, para su procedencia, es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, o sea, contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta y que provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de esas garantías.

2º. Que, en el caso de autos, la médico cirujano doña Paulina Fuentes Guíñez recurre de protección contra la Tesorería Provincial de Ñuble y del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción, representados por don Marco Antonio Becerra Rojas y doña Liliana Muñoz Cerda, respectivamente, porque, no obstante haber sido aprobada su declaración de renta y autorizada la devolución de la suma de $ 1.335.928, el Servicio de Tesorería procedió a retener dicha cantidad, aparentemente, según señala, por concepto de deuda por crédito universitario, amparándose en la ley 19.989, lo que constituye un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional, que afecta las garantías contempladas en los números 3, inciso 4º, y 24, de la Constitución Política de la República. En esta virtud, pide se deje sin efecto esa retención y le sea entregado ese dinero.

3º. Que, de acuerdo con lo que se expresa en el libelo de fojas 5, que se reseña en lo expositivo, la arbitrariedad e ilegalidad que se aduce, se hace consistir, en síntesis, en que la retención se practicó sin justificación alguna, porque ella no es deudora y, en el caso de haber tenido alguna deuda, se ha extinguido por haber operado la prescripción, ya que esa obligación se hizo exigible a partir del año 1997.

Se sostiene, además, que nunca ha sido deudora del crédito solidario universitario, sino que lo fue del fondo de crédito universitario y del crédito fiscal universitario y que es de toda lógica que, habiendo estudiado entre los años 1986 y 1993, no pudo ser deudor de un fondo que, a esa fecha, no existía, puesto que se creó el 4 de febrero de 1994 cuando se dictó la ley 19.287, de manera que no le puede ser aplicada la ley 19.989.

4º. Que, informando a fojas 10, el Tesorero Provincial de Ñuble expresa que, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 20 de la ley 19.287, para todos los efectos legales, los fondos solidarios de créditos universitario y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores y, en consecuencia, que toda referencia que se haga a ello, se entenderá hecho, por el solo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de crédito universitario.

Se agrega que el artículo 1º, inciso 1º, de la ley 19.989, de 31 de diciembre de 2004, facultó a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de Impuestos a la Renta que correspondiere a los deudores de crédito universitario regulado por la ley 19.287 y sus modificaciones, los montos de dichos créditos que se encontraren impagos, según lo informado por la entidad acreedora, imputándose dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Por último, este informe consigna que es requisito sine qua non para que el Servicio de Tesorería proceda a efectuar tales retenciones, que la entidad acreedora informe acerca de los montos impagos, siendo responsabilidad exclusiva de tal entidad, la veracidad, exactitud y actualización de la información proporcionada, de manera que el recurso interpuesto debe ser rechazado, habida consideración a que la prescripción opuesta no puede ser acogida, en atención, para ello, a que debe ser alegada y no existe sentencia judicial que así lo declare.

5º. Que, a su vez, el representante del Administrador de Fondo Solidario de Crédito Universitario recurrido, informando a fojas 19, en líneas generales, lo hace en términos similares a los contenidos en el evacuado por el Tesorero Provincial antes indicado, y, al efecto, indica que la prescripción no opera de pleno derecho y, además, la deuda no se hace exigible en su totalidad al cumplirse los dos años de gracia, sino en cuotas determinadas por la ley, de suerte que no está prescrita.

Por otra parte, se añade que cualquier deudor del crédito universitario, a partir de la dictación de la ley Nº 19.287, pasó a ser deudor del crédito solidario, por lo que no existe acto ilegal y arbitrario de parte de la Universidad de Concepción.

6º. Que, para una correcta solución de la cuestión planteada en el presente recurso, es necesario puntualizar que se encuentra acreditado que doña Paulina Fuentes Guíñez hizo sus estudios de medicina en la Universidad de Concepción haciendo uso de crédito fiscal universitario el año 1986 y desde el año 1987 hasta 1993 lo hizo con crédito universitario, subscribiendo, al efecto, el correspondiente pagaré y que hasta la fecha no ha pagado dicho crédito.

7º. Que corresponde analizar, en primer término, si la medida adoptada por la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Universitario recurrida, como acreedora del crédito universitario de la recurrente que se encuentra impago, al informar esta situación al Servicio de Tesorerías para que procediera a efectuar la retención de la devolución de Impuesto a la Renta, lo hizo en el marco de sus atribuciones legales.

8º. Que el artículo 1º de la ley 19.287, de 4 de febrero de 1994, estableció el fondo solidario de crédito universitario y, en el artículo 20, declaró que, para todos los efectos legales, los fondos solidarios de crédito universitario y sus respectivos administradores generales son los sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores y que, en consecuencia, toda referencia que hagan las leyes, decretos, reglamentos, circulares, contratos, a los fondos de crédito universitario o a sus administradores, deberá entenderse hecho, por el solo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de créditos universitarios o a sus administradores generales.

9º. Que, a su vez, el artículo 1º de la ley 19.989 dice facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de Impuesto a la Renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

10º. Que, conforme a lo prevenido en las disposiciones legales citadas, surge como conclusión irredarguible que la retención efectuada, por la Tesorería Provincial, de la devolución de Impuesto a la Renta cuestionada en el libelo de fojas 5, no adolece de ilegalidad ni menos de arbitrariedad, sino que, precisamente, se ajustó a la ley al así hacerlo.

11º. Que, sabido es, que, por esta vía la del recurso de protección no es dable alegar la prescripción, ya que ella debe ser declarada en el juicio que corresponda, aparte de que debe consignarse que, como este crédito universitario tenía un plazo de gracia de dos años después de haber dejado de ser alumno regular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y el crédito debía ser pagado en doce cuotas anuales a contar de 1995, aún no ha prescrito.

12º. Que, por lo razonado, es decir, por no existir ningún acto arbitrario o ilegal por parte de las instituciones recurridas, el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el interpuesto a fojas 5 por doña Paulina Fuentes Guíñez en contra de la Tesorería Provincial de Ñuble y del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Cocio.

Pronunciado por el Presidente señor Guillermo Cocio P. y los Ministros en propiedad señores Guillermo Arcos Salinas y Christian Hansen Kaulen.

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